PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN SOCIOLOGÍA DE COSTA RICA

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la creciente denuncia pública por casos de violación, abuso y embarazo de menores de edad, levanta su voz y se suma al debate nacional con la siguiente posición: Considerando:

  1. De conformidad con el artículo 2, inciso f, de la Ley N.° 8974 Creación del Colegio, en cuanto a “pronunciarse sobre problemas de interés nacional”, y “sobre sobre situaciones que se considere atentatorias contra los derechos humanos y los principios y valores de convivencia”.

  2. Que desde hace años se viene presentando el problema de abusos sexuales en menores de edad, tanto, en niños como en niñas y que se ha tratado de erradicar mediante la represión por medio de leyes dirigidas a castigar a los abusadores. Sociologicamente sabemos que el problema no se soluciona solo con la promulgación de leyes, hacen falta acciones concretas dirigidas a erradicarlo considerando las raíces psico-sociales-culturales que tienen que ver con la visión patriarcal que considera a las mujeres y niños como pertenencias de las que se puede disponer a voluntad.

  3. Que en los últimos meses se evidencia un mayor interés de la prensa nacional por sacar a la luz pública hechos que denuncian violaciones, abusos y embarazos de niñas y menores de edad, muchos perpetrados por los propios padres o familiares.

  4. Que, desde hace varios años, diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales han denunciado esta problemática social  y  la debilidad de los mecanismos de respuesta y atención institucional y social para atender las consecuencias inmediatas y mediatas de las niñas y familias afectadas.

  5. Que el fenómeno también calificado como “relaciones abusivas y el embarazo en la adolescencia” por PANIAMOR y el Fondo Mundial de la Población de las Naciones Unidas UNFPA, llama a los tomadores de decisiones y en particular “a la academia e investigadores institucionales e independientes a profundizar sobre el tema”.

  6. Que en el 2014 se registraron 509 nacimientos por parte de niñas menores de 14 años, de los cuales el 30% no declararon quién es el padre. Esto evidencia que se trata de un fenómeno social de gran impacto y no de un hecho aislado, por lo que requiere ser atendido responsablemente por el Estado y la sociedad costarricense.

  7. Que las consecuencias de carácter social y económico, así como las propiamente humanas en las niñas que afrontan esta condición, exigen que se administre justicia con visión sociológica e integral como parte de los derechos de las niñas y fundamentada en la normativa vigente y los tratados internacionales aprobados por el país, tomando medidas preventivas y correctivas inmediatas contra las personas agresoras.

  8. Que el artículo 50 de la Constitución Política establece, entre otros, que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país y que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

  9. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como un estado de completo bienestar físico, mental y también social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia.

Por tanto,

  1. Llamamos a las diversas autoridades y organismos a asumir con responsabilidad lo que dicta la normativa por la cual fueron creadas para defender los derechos de los infantes y tomar las medidas inmediatas para frenar la escalada de este flagelo social.

  2. Atender el llamado de las organizaciones especializadas (PANI, IEM, PANIAMOR, ACCEDER, UNICEF) para que la academia e investigadores sociales se ocupen de profundizar en el tema y proponer acciones que permitan conocer, científicamente, este fenómeno, así como diseñar modelos de gestión social e institucional que puedan prevenir y atender, en forma efectiva y eficaz, esta situación.

  3. Instar a los profesionales asociados al Colegio de Profesionales en Sociología a sumarse y contribuir, desde sus espacios de ejercicio profesional, en un esfuerzo por estructurar una campaña que atienda integralmente este problema.

  4. Hacer un llamado a la ciudadanía para que busquemos, y promovamos relaciones de convivencia, basados en el respecto, la solidaridad, el desarrollo dehábitos de auto-cuido, de apoyo mutuo y convivencia solidaria ante la realidad que vive el país. Así como denunciar toda forma de abuso, de violencia que lesiona nuestros derechos tanto en el contexto familiar y de nuestras comunidades.

  5. Exhortar a los medios de comunicación, a realizar un ejercicio profesional que promueva y facilite las relaciones interinstitucionales para la pronta acción gubernamental e institucional, en beneficio de la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia en este tema en particular y superar la tendencia a enfocarse más en los resultados de la víctima y sus decisiones particulares, que en la problemática de fondo: el abuso y que este no debiera de existir.

  6. Pedir a las autoridades y a los administradores de justicia que atiendan, de manera decidida y con todo el peso de la ley la situación de agresión a nuestra niñez y adolescencia. Instruir a jueces y administradores de justicia sobre el criterio de especialistas sociólogos y psicólogos para determinar los efectos del embarazo en niñas y adolescentes sobre la salud social y mental respectivamente.

Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica San Jose, 24 de Febrero del 2017.